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Crisis de Seguridad Pública en Puebla.

Por Marco de Núñez.
La situación de seguridad pública en Puebla ha alcanzado niveles alarmantes, con una escalada de violencia y crimen que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En menos de 72 horas, la ciudad ha sido testigo de una serie de eventos violentos que han intensificado el sentimiento de inseguridad entre la población.

El principal responsable de esta crisis es el presidente municipal, Adán Domínguez, quien, junto con el secretario de Seguridad Pública, Iván Luna, ha demostrado una notable falta de eficacia en el manejo de la seguridad. La estrategia implementada bajo su liderazgo ha resultado ser un fracaso rotundo frente a la creciente ola de violencia que asola la región.

La ineficacia de las políticas de seguridad se evidencia en la proliferación de hechos delictivos y en la incapacidad de las autoridades para proteger a los ciudadanos. La ola de violencia, que ha incluido desde robos hasta agresiones graves, muestra una clara deficiencia en la estrategia actual y en la capacidad de respuesta de los encargados de velar por el orden y la tranquilidad pública.

La falta de una respuesta efectiva y oportuna ante la crisis pone en entredicho la competencia y el compromiso de los funcionarios responsables. La situación es tan grave que se vuelve imperativo que tanto Adán Domínguez como Iván Luna consideren su renuncia. La vergüenza y el fracaso de la estrategia de seguridad han dejado claro que estos funcionarios no están a la altura de los desafíos que enfrenta Puebla.

La renuncia de estos responsables no solo sería un acto de responsabilidad, sino también una medida necesaria para iniciar un proceso de cambio en la gestión de la seguridad pública. Puebla necesita urgentemente una nueva dirección que aborde de manera efectiva la crisis y que devuelva la confianza a los ciudadanos en sus instituciones. La inacción y la incompetencia no deben ser toleradas, y es momento de exigir un cambio que garantice una respuesta adecuada a las necesidades de seguridad de la comunidad.