• El senador poblano Alejandro Armenta dio a conocer que en las Asambleas Informativas que arrancaron el pasado fin de semana, se difundirá la Ley 3 de 3 en favor del bienestar de las familias.
• Centros de Justicia y la obligatoriedad de las pensiones alimenticias erradicarán la injustica que muchas mujeres viven al separarse de sus cónyuges.
Puebla, Puebla. Acompañado de su esposa Cecilia Arellano y de un centenar de liderazgos femeninos y juveniles, el senador Alejandro Armenta celebró que las Declaratorias Constitucionales de la Ley 3 de 3, así como la inclusión de jóvenes en cargos de representación popular a los 18 años “representan el compromiso cumplido por la defensa de los derechos humanos, tal como lo hace el presidente López Obrador, siendo el momento de hacer justicia generando condiciones de bienestar a las familias de México”.
En rueda de prensa con representantes de los medios de comunicación en Puebla, el presidente del Senado de la República y como legislador de Morena seguirá trabajando en iniciativas que erradiquen prácticas abusivas en contras de mujeres, niñas y niños con el apoyo de los congresos locales en la República Mexicana.
Alejandro Armenta reiteró que la esencia la 3 de 3 es la suspensión de los derechos políticos, electorales y civiles de quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas o bien, por tener sentencia como persona deudora alimentaria en situación de mora.
Este tema, anunció, también formará parte de las Asambleas Informativas que arrancó el senador Armenta el pasado fin de semana en Tecamachalco, Teziutlán y Tehuacán, “donde por cierto insistiremos en que los jueces y magistrados sean electos por el pueblo, por qué cuantas veces no hemos escuchado que en el caso de los deudores alimentarios, estos se niegan a pagar con la complicidad de las autoridades debido a que ‘pagan’ para que sean omisas en el otorgamiento de las pensiones a menores de edad”.
En el caso de los jóvenes, Armenta se congratuló con este segmento de la población que ahora a los 18 y 25 años de edad podrán ser votados o ser funcionarios, respectivamente, recomendando siempre la preparación académica y asumir la responsabilidad del cargo con madurez y sensatez.